Propuestas de Ukamau ante el fracaso del modelo neoliberal

Medidas inmediatas en vivienda y ciudad para superar la crisis actual 

El 2 de septiembre de 2019, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo dio a conocer los resultados del Catastro Nacional de Campamentos realizado en 2018 en todas las regiones del país. Las cifras son desastrosas. La cantidad de campamentos aumentó en un 72% en la última década. De 657 campamentos existentes en 2011 se pasó a 802 y el número de familias que residen en dichos asentamientos precarios aumentó de 27.000 a 47.000 y fracción.Las familias señalan que viven en estos campamentos porque sus bajos salarios no les permiten pagar un arriendo y/o porque tuvieron que abandonar la vivienda donde eran allegadas.¿Qué explica este aumento acelerado de la precarización de la vivienda en Chile? Según la Cámara Chilena de la Construcción, entre 2011 y 2018, el valor de las viviendas se ha desacoplado del resto de los indicadores de la economía. Mientras los precios producto de la inflación crecieron un 37% y el ingreso solo un 24%, el valor de las viviendas aumentó 67%.Si se confronta el ingreso promedio de una familia (33,8 UF = 913.000 pesos) y el valor promedio de una vivienda (3.089 UF = 86.492.000 pesos) se obtiene que el índice de acceso a la vivienda en Chile es extremadamente bajo, es decir, es “severamente no alcanzable”.Esto sin considerar que el “promedio” oculta la profunda desigualdad en la distribución del ingreso en el país. Si se observa dicha distribución se puede ver que el 85% de los trabajadores no alcanza dicha remuneración “promedio” mensual (913.000 pesos). Esto significa que, la mayor parte de la sociedad no tiene ingresos suficientes para acceder a una vivienda de valor promedio.Es por esto que el allegamiento, el arriendo y los campamentos han aumentado de manera exponencial los últimos años. Los propietarios de viviendas cayeron de 70% en 2000 a 59% en 2017 y los arrendatarios aumentaron de 18% en 2000 a 24% en 2017.De esta forma, la dinámica económica ha empujado a los grupos de ingresos medios al arriendo y a los grupos de bajos ingresos a la residencia en campamentos o el allegamiento.

Para revertir este mal, es preciso, en lo inmediato, lo siguiente:

Primero, que se garantice materialmente la realización de la reivindicación habitacional y urbana de la sociedad. Para ello, se debe crear ahora un Banco de Suelo para la construcción de vivienda y barrio, es decir, que el Estado compre o expropie terrenos bien localizados, cercanos a centros de trabajo y comercio, por ejemplo, en las cercanías de las estaciones de metros, para edificación de viviendas de interés social y equipamiento urbano. La cantidad de suelo debe ser suficiente para abordar el déficit habitacional existente. Entre los primeros sitios adquiridos deben estar los relacionados con los proyectos habitacionales del movimiento social.

Segundo, para garantizar la calidad de las viviendas y barrios, o sea, para construir ciudad (equipamiento urbano y social en torno a las viviendas) y no solo casas, se debe permitir la participación deliberativa (no solo consultiva) de las familias asignatarias -organizadas en movimientos sociales- en la gestión de los proyectos, por ejemplo, restableciendo el artículo 68 del Decreto Supremo 49 de 2011.

Tercero, se debe establecer el mecanismo institucional por el cual se realizará y viabilizará económicamente una reforma estructural en el sector vivienda y urbanismo, o sea, una Reforma Urbana, materializada en una Ley General de Vivienda y Ciudad con sus correspondientes Planes Habitacionales y de Desarrollo Urbano, que des-privatice la producción y asignación de viviendas y ciudades. Para ello se debe realizar un cambio en la propiedad del suelo, las viviendas y los barrios, ampliándose así la propiedad pública en sus formas municipales, regionales, estatales y cooperativas.

Cuarto, que el segmento popular de la sociedad alcance representación institucional de sus intereses, rompiendo con su histórica exclusión política. Ya no basta con la política de subsidios focalizados y de participación meramente consultiva, es necesario terminar con la marginalidad política de las familias pobladoras. Para ello se debe crear en la institucionalidad un ente que represente sus intereses ante los empresarios y el gobierno, con facultades que le permita participar en el debate público y las definiciones de la política pública relacionada con vivienda, barrio y ciudad. Así como los estudiantes tienen la Fech y los trabajadores la CUT, los pobladores deben tener su propio instrumento de representación institucional.

Para salir de la crisis: Terminar con la exclusión política y económica del pueblo

Superar el neoliberalismo urbano

Movimiento Pobladores Ukamau

Chile, 25 de Octubre 2019